El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) está citado este martes a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, caso que tiene en vilo al país por el impacto que puede tener en la política nacional.
Uribe, cuya figura divide a los colombianos entre quienes lo idolatran y quienes lo odian, tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad con masacres, pero irá a indagatoria por uno que puede ser considerado el menos grave de todos.
Se trata de una demanda que presentó el propio Uribe hace cinco años contra su antagonista, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, al que acusó de buscar exparamilitares en las cárceles para usarlos como falsos testigos con el fin de que declararan en su contra, específicamente de haber fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Todo comenzó con un debate que Cepeda hizo a Uribe en el Congreso el 17 de septiembre de 2014 en el que acusó al expresidente de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes, por lo que Uribe decidió procesarlo.
La demanda se convirtió en un bumerán para el líder y senador del partido Centro Democrático, hoy en el Gobierno, ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso contra Cepeda sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos contra el senador de izquierdas.
De esta forma Uribe es el
primer exmandatario que responde a un proceso penal en la Corte Suprema por
tener fuero de senador.
Los testigos de uno y otro son en su mayoría
exparamilitares presos y condenados quienes han dado distintas declaraciones,
de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido
dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe.
Entre ellos está el exparamilitar Juan Guillermo
Monsalve que hizo parte del Bloque Metro, que operaba en la zona de Medellín, y
quien paga una condena de 40 años en la cárcel bogotana de La Picota.
Monsalve aseguró a Cepeda que en
«Guacharacas», una hacienda que fue propiedad de la familia de Uribe
en el departamento de Antioquia (noroeste), se planearon matanzas que luego
cometieron esos escuadrones, lo que ha sido negado por el expresidente.
El preso redactó después una carta en la que se
retractaba de lo dicho y la hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia, en la
que al final anotó que lo hacía «bajo presión».
Como supuesto responsable de la maniobra de
retractación aparece el abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber
defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para
convencer a exparamilitares presos, entre ellos Monsalve, de que declararan a
favor de Uribe.
Por si fuera poco, a finales de septiembre el
periodista Daniel Coronell, director de noticias de Univisión y crítico de
Uribe, publicó en su columna de la revista Semana una información según la cual
la Corte Suprema y la Fiscalía tienen en su poder la grabación de una
comprometedora llamada telefónica del abogado Cadena con su hermano Álvaro,
referente a él.
En la llamada, Cadena, usando un vocabulario
soez, le dice a su hermano que hay que «hacerle una fiesta» a
Coronell, que «tiene un fetiche (…) con Uribe», por sus constantes
denuncias sobre el expresidente.
Las llamadas interceptadas por la justicia son
otro componente y motivo de polémica en este caso, pues la Fiscalía tuvo acceso
a numerosas conversaciones de Uribe, supuestamente por equivocación cuando
investigaban otro caso, de un excongresista.
Los abogados del expresidente aseguran que se
trató de una maniobra ilegal porque los agentes investigadores afirman que solo
se dieron cuenta de que la persona interceptada era Uribe después de un mes
escuchando las conversaciones y de allí extrajeron información para el proceso
contra el exmandatario.
Con todos esos ingredientes en su poder, el
pasado 19 de agosto la Corte Suprema citó a indagatoria a Uribe y al
representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático,
acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal.
Los dos tendrán que comparecer ante el
magistrado César Reyes Medina, quien en mayo pasado asumió el caso iniciado por
su colega Barceló, que se retiró de la Corte Suprema dos meses antes al cumplir
su periodo.
La comparecencia de Uribe ante la Corte Suprema
ha movilizado a miles de sus seguidores, que este domingo salieron a
manifestarse en su apoyo en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla,
y prometen volver a las calles mañana en Bogotá, donde también se esperan
concentraciones en su contra.
La decisión que tome la Corte, que incluso
podría ordenar la detención preventiva de Uribe, tiene a los colombianos más
divididos que nunca y podría alterar el balance político del país a escasos 20
días de las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Con información de EFE
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