La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
«Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades», dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al presentar información actualizada sobre la situación en Venezuela.
En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet formuló denuncias contra cuerpos de las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados, pero también reconoció que el gobierno ha hecho últimamente ciertas concesiones a su organismo.
Mencionó que un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó-
ha podido volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado
viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo
Verde.
También reconoció que, tal como se lo había prometido, el
gobierno excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la
liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
Las críticas de Bachelet fueron, sin embargo, mucho más
numerosas e incluyeron denuncias sobre «casos de tortura y malos tratos,
tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su
libertad, en particular de militares».
Lamentó igualmente que el Gobierno venezolano no haya
evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la Fuerza de
Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, a la que se atribuyen
ejecuciones extrajudiciales, y que en lugar de ello haya optado por reafirmarle
públicamente su apoyo.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la
ONG Monitor de Víctimas y que identifica 57 nuevos casos de presuntas
ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
4.3
MILLONES DE VENEZOLANOS HAN ABANDONADO EL PAÍS
De otra parte, Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
Si en junio el salario mínimo mensual equivalía a 7 dólares hoy representa sólo 2 dólares, «lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar».
En este ámbito, la alta comisionada reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de Estados Unidos en el agravamiento de los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, el informe de Bachelet hace hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.
Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios.
«Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas», señaló.
La situación en Venezuela será seguida de cerca en la sesión de tres semanas que ha iniciado el Consejo de Derechos Humanos, con el impulso del llamado «Grupo de Lima», conformado por países de la región que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, como presidente del país
Con información de EFE
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