Pese a los reiterados pronunciamientos del Grupo de Lima para promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional para atender la crisis migratoria venezolana, la reciente decisión de los gobiernos de Perú, Chile y Ecuador de exigirles visa a los venezolanos restringe su ingreso a dichos países y genera nuevos factores que atentan contra la integridad y la seguridad de esos ciudadanos y, a su vez, pone más presión a Colombia, que recibe el mayor impacto de la migración desde Venezuela (1,3 millones; seguido por Perú, con 768.000; Chile, con 288.000; y Ecuador, con 263.000).
La primera línea de control migratorio de cualquier país responde a su sistema de visado y si bien cada Estado es soberano de establecer esos niveles de facilidades o restricciones a los extranjeros, bien sea por nacionalidad y/o tipo de actividad, no es menos cierto el derecho que les asiste a los migrantes a buscar mejores oportunidades de vida, más aún por factores exógenos a ellos mismo, que se ven abocados a salir de su país por razones humanitarias.
La atención de los venezolanos ha significado un verdadero reto de política pública no solo para cada uno de los países receptores, sino también para Latinoamérica y el Caribe en general. Sin embargo, resulta paradójico que mientras reiteradamente el Grupo de Lima se habla de la necesidad de que la región avance en temas de asistencia y generación de procesos de inclusión social, económica y laboral, la decisión de varios países sea, en la práctica, restringir el acceso de la población venezolana a sus territorios.
La presión de los flujos migratorios empiezan a sentirse en los países en materia presupuestal y social, pero la respuesta no debe estar dirigida a restringir y fortalecer los controles migratorios
Colombia ha venido avanzando integralmente y desarrollando múltiples acciones para atender y generar procesos de inclusión a la población venezolana, que van desde la asistencia humanitaria hasta el reconocimiento de sus documentos, así no estén vigentes, como medidas de inserción que les permita sumar al desarrollo económico del país. Incluso, hay propuestas de sectores muy importantes del país que generosamente y reconociendo la gratitud histórica con el pueblo venezolano, que acogió a millones de colombianos en las décadas de los 70, están proponiendo razonablemente la expedición de una visa especial –que deben tramitar en el mismo territorio nacional–, ya que las visas se deben solicitar y expedir antes de ingresar a un país, lo que se constituye en una restricción adicional, otras propuestas más audaces proponen otorgarles la nacionalidad, pero siempre bajo una visión de acogida y no de rechazo.
Durante la Asamblea de la OEA, que se realizó hace unas semanas en Medellín, se propuso darles a todos los venezolanos una condición de refugiados en toda la región, y aunque bien sustentada y documentada, dicha propuesta no tuvo eco. Como van las cosas, en Colombia se puede presentar una gran emergencia social y económica, si los países de la región no entienden que apoyar a los venezolanos es una responsabilidad global que nos compete a todos.
La proyección de las cifras sobre el éxodo de los venezolanos nos debe alertar a generar mayores compromisos regionales y no a la autodeterminación de cada país de cerrar sus fronteras, aumentando la vulnerabilidad y la exposición de esta población migrante, tanto o más que en su propio país. Según el informe del ‘Grupo de trabajo de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región’, se calcula que el número de migrantes y refugiados venezolanos al finalizar el 2020 fluctúe entre 7,5 y 8,2 millones, el doble de las estimaciones actuales. Y más del 50 % de esa población probablemente llegará a Colombia, no como país de tránsito, sino como receptor.
Los controles migratorios deben ser consecuentes con la política migratoria de cada país. De hecho, el mundo ha avanzado mucho en los últimos años en esta discusión y gracias a escenarios promovidos por la OIM en el mundo, y en la región como la ‘Conferencia suramericana de las migraciones y la conferencia regional sobre migraciones’ –CRM–, los países han avanzado en la comprensión de que las políticas migratorias no se pueden abordar solitariamente y que un mayor impacto social y humanitario de sus estrategias se produce cuando los diferentes países –bien sea de origen, tránsito o destino– trabajan conjuntamente con una visión de corresponsabilidad.
Lo cierto es que no se avizora una solución pronta a la situación de Venezuela y la presión de los flujos migratorios empiezan a sentirse en los diferentes países en materia presupuestal y social, pero la respuesta no debe estar dirigida a restringir y fortalecer los controles migratorios.
Fuente: El Tiempo
