La paz de Colombia sufrió su más duro golpe este jueves con
el anuncio del que fuera jefe negociador de la guerrilla de las FARC, Luciano
Marín, alias «Iván Márquez», de que vuelve a las armas como cabeza de
un grupo de disidentes en respuesta a la «traición del Estado» al
acuerdo de La Habana.
Lo hizo en un manifiesto grabado en un video de
32 minutos de duración que en la práctica da al traste con 1.008 días de
esperanza transcurridos desde la firma de la paz, el 24 de noviembre de 2016
hasta hoy.
Son mil días, como los de la última guerra civil del siglo XIX, que arrasó el país y marcó de forma tan dramática su entrada en el siglo XX que se convirtió en una referencia en la obra del Nobel Gabriel García Márquez.
Los nuevos vientos de guerra sorprendieron a los colombianos de madrugada porque aunque en la cabeza de la mayoría rondaba el temor a una ruptura, dado el paradero desconocido de Márquez y sus críticas al «error» que en su opinión fue la dejación de armas, definida hoy como un paso «ingenuo» de las FARC, la confirmación fue un balde de agua fría.
La aprensión se justifica si se tiene en cuenta que entre los disidentes están también Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», y Henry Castellanos, alias «Romaña», nombres ampliamente conocidos en la guerrilla que pueden atraer de nuevo a las armas a antiguos rebeldes descontentos con la implementación del acuerdo de paz.
Hasta ahora las disidencias estaban conformadas por unos 1.800 miembros repartidos en pequeños grupos en distintas regiones del país, bajo las órdenes de mandos medios pero sin una estructura monolítica como la que tuvieron las FARC y sin un jefe de peso, situación que puede empezar a cambiar con el anuncio de Márquez y compañía.
Cuando se firmó la paz, algo más de 7.000 guerrilleros dejaron las armas, a los que se suma un número similar de milicianos (colaboradores en las zonas urbanas) y combatientes que estaban presos, de manera que si la disconformidad con la paz crece la cifra de disidentes también puede aumentar.
De hecho, en un informe presentado el miércoles por la Fundación Paz y Reconciliación, su director, León Valencia, dijo que de los disidentes, 1.400 son exguerrilleros y los otros 400 proceden de nuevas campañas de reclutamiento.
«Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota», afirmó Márquez en su manifiesto en el que subraya que no tiene como objetivo soldados ni policías «respetuosos de los intereses populares», sino «esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país».
Eso indica que pueden cambiar la estrategia de guerra de guerrillas que durante más de medio siglo hicieron las FARC al Estado colombiano por una lucha armada más táctica, que no implique la confrontación directa, similar a la que libra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que dificulta el accionar militar.
El manifiesto de Márquez deja muchas incógnitas por su lenguaje casi críptico, como cuando afirma: «Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Sólo responderemos a la ofensiva» o la advertencia de que van a «entrarle duro a la corrupción», como parte de un proyecto para «levantar de las ruinas esta república».
En la arquitectura de ese proceso reservan un papel central al «movimiento social y político colombiano» para alcanzar «un gran acuerdo nacional» que impulse una asamblea constituyente, un nuevo gobierno y otro diálogo de paz para llegar a un acuerdo más amplio.
«Un nuevo acuerdo de paz sin más asesinatos de líderes sociales y de excombatientes guerrilleros, en el que las armas sean verdaderamente retiradas de la política y colocadas lejos de su uso, no entregadas», expresó Márquez.
Más allá de que los disidentes empuñen de nuevo las armas como se vio en el video en el que aparecen con sus fusiles, detener el asesinato recurrente de líderes sociales y exguerrilleros que creyeron en la paz es una tarea urgente del Gobierno.
«En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia de un Estado», dijo el jefe rebelde.
Pese a que el Gobierno atribuye el crecimiento de las disidencias a la seducción que ejerce el dinero fácil del narcotráfico, Márquez y los suyos pasan de largo por este fenómeno y simplemente afirman que cobrarán un «impuesto» a «las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas».
Por diplomático que suene este discurso, el regreso a las armas fue condenado por todo el país, desde el presidente Iván Duque, que los llamó «banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro», hasta por sus antiguos camaradas de las FARC.
«Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante», manifestó el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, una señal de que el país, o al menos una parte, no quiere volver al pasado de sangre y muerte.
Con información de EFE
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