La idea de un control natal para venezolanos no solo ignora las circunstancias adversas en las que se producen los embarazos de ciudadanas de ese país, sino que de fondo no ofrece solución a los problemas críticos de la migración, según antecedentes.
A medida que nos acercamos a los 8.000 millones de personas en el mundo, son muchas las propuestas que han surgido para tener un control del crecimiento poblacional. No se puede ignorar que estamos frente a un problema de sobrepoblación global, pero decir que la solución a las crisis está en que los “pobres dejen de reproducirse”, o ahora que los migrantes deben “dejar de parir”, no solo es una idea mal concebida, sino que es un error que puede ayudar a aumentar la xenofobia, el clasismo y el rechazo, que desconoce las razones y condiciones por las que estas personas están teniendo hijos y que además busca restringir su derecho legítimo a la reproducción, según expertos.
En el caso de Venezuela, primero hay que comprender que hay tres causales principales que conducen a los embarazos en mujeres de ese país: el precario acceso a la planificación familiar, la crisis hospitalaria y de alimentos, así como la violencia sexual a la que se exponen durante el viaje migratorio.
En primer lugar, los venezolanos tienen un acceso restringido a los anticonceptivos. “La alta natalidad de migrantes venezolanos es un patrón social que tiene causas estructurales que lo configuran. Las parejas venezolanas desde hace ya varios años no cuentan con métodos de planificación familiar, ni con un sistema de salud pública, de salud sexual y reproductiva que los asista”, explica Javier Pineda, profesor del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes.
En Venezuela la planificación es cada vez más difícil, pues no se consiguen pastillas anticonceptivas o su precio es elevado, al igual que el de los condones. Por ello, desde 2017, muchas de las principales marcas de anticonceptivos desaparecieron de las tiendas del país, dejando solo las baratas, que de todas formas siguen estando lejos del alcance de los ciudadanos.
Hoy por hoy un paquete de tres condones cuesta entre 7.500 y 24.000 bolívares, en un país cuyo salario mínimo mensual es de 40.000 bolívares. Las pastillas anticonceptivas, por otro lado, están entre 40.000 y 160.000 bolívares, lo que resulta inalcanzable para los ciudadanos del común. Por ello, algunos venezolanos acuden a métodos alternativos que incluyen desde la abstención hasta la esterilización que algunas mujeres han tomado ante los costos descomunales de los métodos más frecuentes.
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